Bruselas advierte al Gobierno español que tiene un plazo «muy corto» para retirar las condiciones a la opa de E.On.
El Gobierno español se niega a retirar la reforma de la normativa de la Comisión Nacional de la Energía que le ha permitido juzgar e imponer duras condiciones a la oferta de compra de Endesa lanzada por E.On. La Comisión Europea dio la semana pasada dos meses de plazo a España para ajustar los cambios normativos a la legislativa comunitaria que impulsó para parar la OPA alemana.
El Ejecutivo no tiene intención de proponer la derogación de las nuevas potestades de la CNE, según anunció este miércoles en el Congreso el ministro de Industria. Joan Clos sostuvo que el Gobierno mantiene un diálogo «constante y fluido» con la Comisión Europea para buscar un acuerdo. Pero no descartó que el conflicto llegue al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si no se alcanza un entendimiento.
El Consejo de Ministros aprobó los cambios del regulador energético el pasado febrero, apenas dos días después de que la compañía alemana anunciase su intención de comprar Endesa. La reforma permite a la CNE evaluar todas las compras de más de un 10% del capital o cualquiera que conceda influencia significativa en una empresa eléctrica por parte de compañías extranjeras y de sectores ajenos a la energía, una potestad que hasta entonces no tenía.
La Comisión puede prohibir las operaciones si hay riesgos significativos para las actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad). También puede vetarlas por cuestiones de interés general, como los objetivos políticos sectoriales o la protección de las centrales nucleares y de carbón nacional, los sistemas energéticos insulares y extrapeninsulares, y las infraestructuras de redes gasistas.
Plazo muy corto
La Comisión Europea, por su parte, advirtió al Gobierno que tiene «un plazo de tiempo muy corto» para retirar las 19 condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la oferta de compra de Endesa lanzada por E.ON. El Ejecutivo comunitario dictaminó la semana pasada que las medidas eran contrarias a la normativa comunitaria.
La decisión de Bruselas es «jurídicamente vinculante» y debe ser «adoptada de inmediato» por las autoridades españolas, según sostuvo el portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd. «Si no las aplican, podríamos abrir un procedimiento de infracción que podría terminar en la Corte Europea de Justicia», adelantó.
El consejo de la CNE ratificó el martes las trabas que impuso a la operación. Respondía así al Ministerio de Industria, que le había reclamado su opinión para resolver los recursos de alzada presentados contra su dictamen por E.On, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Energéticas. El informe no es vinculante y el Ejecutivo ha reiterado en las últimas semanas su intención de suavizar las condiciones.
