Galicia ocupa el sexto lugar en empresas de seguridad privada
El 83% del personal contratado por las empresas autóctonas son hombres y en la actualidad hay instaladas 67 firmas que dan empleo a 5.000 personas.
La seguridad privada es un sector que se encuentra claramente al alza en los últimos años, tanto en Galicia como en el resto del territorio nacional, o eso parecen indicar los datos apuntados por los sindicatos del sector.
En la comunidad autónoma trabajan en la actualidad unas cinco mil personas como vigilantes en el ámbito privado, de los que aproximadamente el 80% lo desempeñan en la franja costera. Al cierre del pasado ejercicio económico se encontraban en situación de habilitados —con capacidad para ejercer aunque no tienen porque hacerlo—, 122.758 personas en toda España. De ellas 79.500 ejercían de forma activa, a los que hay que sumarles 8.794 trabajadores que prestaban sus servicios en la protección de explosivos; y 8.850 eran escoltas de personalidades públicas.
Por autonomías, Galicia ocupa el sexto lugar nacional con 67 firmas instaladas, por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. En el total del territorio operan 2.195 compañías, de las que el 51% tienen contratado a algún asalariado en su plantilla. Por tanto se trata de un sector muy atomizado, con un gran número de empresas en sus distintos ámbitos y donde predominan las Pymes, ya que el 65% de las firmas tienen menos de 50 empleados. Aunque también hay auténticos pesos pesados en el sector en cuanto a volumen de facturación y creación de empleo. La lista la encabezan Prosegur, Securitas, Eulen Seguridad, Segur Ibérica y Vinsa.
La imagen del vigilante privado está asociada a su juventud. El 73% de los asalariados gallegos se mueven en una horquilla de entre los 25 y 44 años. También llama poderosamente la atención el carácter dinámico del sector. La rotación laboral —que mide la entrada y salida de trabajadores de una empresa—, alcanza al 50% del personal. El tiempo medio de servicio que presta un empleado en una compañía es relativamente inferior a la media en la que se mueven otros sectores productivos. Un vigilante privado está por término medio 4,3 años desempeñando sus funciones en una empresa; 4,6 años si está adscrito a sistemas o alarmas; 5,6 años cuando ejerce de escolta. Para el resto de los servicios el tiempo medio estimado es de 7,1 años.
La vigilancia privada es un trabajo acaparado de forma aplastante por hombres. Así en el 2005, el 83% de los empleados en Galicia eran hombres y el 17%, mujeres. Un porcentaje que se incrementó respecto al 2004, en el que la proporción era 80-20.
Para acceder a un puesto de trabajo de este tipo hay que tener como mínimo el grado escolar. Es más, en Galicia el 66% de los trabajadores en activo ha realizado estudios secundarios y el 23% cursaron alguna carrera.
La Tarjeta de Identificación Profesional, única acreditación válida
Una de las preguntas que se hace un ciudadano cuando entra en un área comercial es saber si la persona que permanece impasible en la entrada con chaqueta roja, verde o azul y el pinganillo detrás de la oreja pertenece a la seguridad privada o no. La respuesta es muy sencilla. Si no lleva la Tarjeta de Identificación Personal (TIP), no es personal adscrito a la seguridad privada. Los sindicatos los califican de «auxiliar» y cobran la mitad que un profesional.
Esta placa lleva incorporado un número que es único para cada trabajador y concedido por la subdelegación del gobierno en la provincia, y sólo cuando se obtiene el título de vigilante de seguridad.
Si un cliente tiene algún problema dentro de las instalaciones comerciales «los que no lleven este número identificativo no pueden actuar porque quebrantan la Ley de Seguridad Privada», afirma Santos Sánchez, secretario general de UGT en Pontevedra. Un auxiliar no puede por ejemplo «revisar las bolsas cuando salta la alarma, porque sencillamente no está acreditado para ello», alega el responsable sindical.
Los sindicatos denuncian que el 40% del empleo es ilegal
Cinco mil están dados de alta en la Seguridad Social, pero los sindicatos denuncian que el intrusismo laboral se ha disparado en Galicia hasta un 40%. La causa principal es la gran demanda existente en las cuatro provincias de este tipo de servicios —con un incremento del 15% en los dos últimos años—, y que se debe al auge de los delitos contra la propiedad privada. Por ejemplo, en Pontevedra la delincuencia aumentó un 10% y el robo en inmuebles en un 20,3% desde 2004.
Un dato revelador es que la instalación de sistemas de alarmas en los hogares y empresas gallegas supone la segunda fuente de ingresos de las compañías que operan en Galicia, con un 20% del total de la facturación, sólo superada por los servicios de vigilancia (72%) y muy por encima del transporte de fondos (8%).
Esta demanda ha hecho proliferar una serie de «empresas fantasmas», que no cumplen con la actual legislación vigente. El fin de este tipo de políticas es reducir el coste salarial al máximo, «en perjuicio de la eficiencia del servicio», comentan desde UGT.
El convenio firmado por los sindicatos gallegos con la patronal estipula una cantidad que ronda los 1.200 euros en quince pagas, incentivos aparte. El que actúa en la economía sumergida lo hace por el Salario Mínimo Interprofesional, que este año ronda los 530 euros. Las diferencias en las nóminas por la prestación del mismo servicio pueden tener una brecha de 600 euros al mes.
