La situación económica de Fórum Filatélico bien podría calificarse de «insolvencia técnica», según las conclusiones del último informe contable realizado por sus tres administradores judiciales (un inspector de Hacienda, un abogado y un auditor privado), según el cual la polémica empresa de compraventa de sellos sólo podría devolver una cuarta parte (el 24,5%) de su deuda acumulada. Hasta el pasado 31 de diciembre, la sociedad tenía unos activos (entre sellos e inmuebles) por un valor cercano a los 923 millones de euros, muy lejos de los 3.766 millones que figuraban en su pasivo.
Estas cifras suponen una revisión al alza de las estimaciones que hizo el primer administrador judicial de Fórum, nombrado por la Audiencia Nacional -donde este miércoles declarará de nuevo su ex presidente, Francisco Briones, para aclarar quien era el verdadero dueño de la compañía y su posible relación con el blanqueo de capitales- tras ordenar su intervención el pasado 9 de mayo. Aquel documento, que se basaba en las cuentas recogidas al cierre de 2005, reseñaba un 'agujero' financiero de unos 3.400 millones de euros, con unas obligaciones de pago (a plazos distintos) que podrían elevarse a 4.200 millones y unos fondos propios que sólo alcanzarían los 410 millones, además de otros 400 millones en estampillas.
El valor real de los sellos comercializados por la empresa es el principal caballo de batalla de este proceso, junto a su supuesta apreciación con el paso del tiempo. Según los números expuestos por los administradores, el importe estimado de la filatelia de Fórum apenas cubriría una novena parte de sus números rojos, pero aún no existe una evaluación pericial porque la Audiencia Nacional ha tardado más de ocho meses en nombrar a sus expertos. Mientras tanto, los 100 millones de estampillas -que según los catálogos de la empresa valdrían 2.700 millones, cinco veces más de lo que se cree- han sido trasladados a un almacén central para su mejor control.
La administración judicial ha incluido a los clientes de la empresa filatélica (269.203 por contrato) entre sus acreedores (donde hay otras 1.150 personas), lo que en la práctica les coloca entre los últimos lugares a la hora de cobrar.
Por encima de ellos están los acreedores considerados «privilegiados» («especiales» o «generales») con arreglo a la Ley Concursal, entre los que están la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, los bancos y las cajas. En total, son 3.040 personas o entidades (incluidas las deudas con sus proveedores y otros comerciales), que encabezarán la lista de cobros.

Adiós a los intereses
Los últimos compromisos financieros que se saldarían (en el más que improbable caso de que hubiera fondos para ello) son las condiciones de recompra (con intereses muy jugosos superiores al 10%) que Fórum pactó con sus clientes, y que al final sí han sido reconocidas de manera oficial pero con la calificación de créditos «subordinados». Una vez que el juzgado de lo mercantil número siete de Madrid remita el informe a todas las partes personadas en este procedimiento civil, éstas dispondrán de un plazo de diez días para impugnarlo, ya sea por no estar de acuerdo con las valoraciones económicas realizadas o con la lista de acreedores.
Respecto a los ingresos y gastos actuales, los administradores (a los que también ha rodeado la controversia por las altas retribuciones que recibirán, salvo los funcionarios públicos) han anunciado que ya se ha producido el cese de casi toda la plantilla de Fórum, salvo 60 personas que continuarán de forma temporal para las tareas de administración. Los costes laborales de la empresa desde su intervención (incluido el expediente de regulación empleo) han superado los 12 millones de euros. Por el contrario, se ha obtenido -por ahora- una cantidad similar en concepto de alquiler de edificios propios.