El Concello de Vigo se enfrenta a una posible multa de 1,2 millones de euros por las 38 plazas que denegó en 1996
ElConcello se enfrenta a una posible multa, que ronda los 1,2millones de euros, para compensar a los 38 taxistas que perdieronsu licencia en 1996, cuando el entonces concejal de Seguridad y Tráficodel Partido Popular, José Ramón Montero, anuló estos permisos que sehabían otorgado tres años y medio antes. El fallo definitivo del casose conocerá el 6 de junio.
Cabe recordar que en abril de 1993 el Ayuntamiento aumentó en 38, elnúmero de licencias concedidas. Los nuevos propietarios abandonaron sustrabajos como asalariados y tuvieron un plazo de 60 días para presentarlos papeles, las tasas y la documentación del vehículo adquirido.«Muchos invirtieron su vida en esta aventura», comenta uno de losafectados, que no desea revelar su nombre para no interferir en el caso.
Anulación
Después de 42 meses, el Concello anula las licencias mediante unDecreto Municipal que se hizo efectivo el 9 de diciembre de 1996. Loque vino después fue «el caos» comenta este taxista. A las letras delcoche pendientes de pago, había que unir la falta de ingresos a finalde mes. Denunciaron al Concello por el daño que, según él, les habíaprovocado el gobierno local. La indemnización inicial solicitadapor cada damnificado se situó en 30 millones de las extintas pesetas(180.000 euros). La primera sentencia dictada por la sala de loContencioso-Administrativo de Galicia fijó unas cuantías que oscilanentre los 19.500 y 28.000 euros, en función de las circunstancias.
Sobre la posibilidad de que el embargo al Concello sea efectiva y éstese niegue al pago, una fuente próxima a la investigación afirma que «esperfectamente lícito embargar al Ayuntamiento de Vigo, porque la actuallegislación así lo contempla».
