El superávit de las administraciones públicas pasará del 1,1% del PIB, al menos, hasta 2010
La etapa de vacas gordas en la economía española y, como consecuencia de ello, en las finanzas públicas se prolongará, al menos, hasta 2010. Así lo contempla el Gobierno, que prevé que todas las administraciones alcancen durante los tres próximos años un superávit que, como mínimo, equivaldrá al 1,15% del producto interior bruto (PIB), con un cifra que rebasará con claridad los 10.000 millones de euros. Eso sí, no todas contribuirán por igual a ese éxito. Las deficitarias comunidades autónomas y ayuntamientos se acogerán a una cláusula especial de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para cerrar sus cuentas en equilibrio, sin necesidad de lograr un resultado positivo.
Los Presupuestos de 2008 serán los primeros en que se aplique dicha normativa, que obliga a terminar con superávit si el crecimiento económico supera el 3% y, por el contrario, permite un déficit si dicho avance es inferior al 2%. En el caso del Estado, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un límite de gasto que, como se esperaba, aumentará en línea con el PIB nominal previsto (6,7% frente a 6,6% en tasa interanual) hasta situarse en 152.560 millones de euros. El incremento de los ingresos también será similar (6,8%), con una suma final de 156.807 millones, que sobrarán para hacer frente a un objetivo de gasto de 153.920 millones en términos de contabilidad nacional.
Con estas cifras, todo parece abocado a repetir las prioridades de gasto que en 2007: productividad y políticas de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), infraestructuras, inversiones sociales (inmigración y dependencia) y ayuda oficial al desarrollo. Así lo confirmó el propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien dijo que sus contenidos serán «similares», en una clara línea continuista para cerrar la legislatura. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apoya esta política (no en vano él contribuyó a su diseño desde el Ministerio de Economía y Hacienda en su etapa anterior), pero reclama «más eficacia en la gestión de determinados servicios públicos» como vía para «obtener recursos adicionales»
También se ha solicitado desde el Banco, en uno de sus últimos informes, que se tenga en cuenta «la presión que sobre el gasto público puede representar el envejecimiento de la población». El ministro Solbes dijo hacerlo -el superávit «no es una varita mágica, pero puede ayudar», apuntó- , y por ello defendió, «más allá de la coyuntura actual» -donde calificó de «excelente» el dato de crecimiento económico en el primer trimestre, un 4,1%- la necesidad de contar con unas cuentas públicas «saneadas». Por ello, volvió a ser «cauto» en sus previsiones, por ejemplo, en el superávit presupuestario de las administraciones públicas, que pasa del 0,9% al 1,15% del PIB para el período 2008-2010, lejos del récord del 1,8% conseguido en 2006.
Previsiones «prudentes»
La misma actitud «prudente» mantuvo a la hora de estimar el crecimiento económico tanto para este ejercicio como para los próximos (un 3,3% hasta 2009) que, si bien «lo más probable» es que se revise al alza cuando se actualice el cuadro 'macro' a finales de julio, prefiere mantenerlo por ahora sin cambios para «estar razonablemente tranquilos». Por este motivo, y también porque no reflejan los datos positivos del primer trimestre, el vicepresidente económico restó valor a las estimaciones del Banco de España (3,1% en 2008) y, sobre todo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE (2,7%).
Además de sus previsiones, Solbes también defendió su política fiscal, «adecuada a la fase del ciclo económico que estamos viviendo (alta, según coinciden todos los expertos)», y «capaz» tanto de «dar confianza» a los agentes económicos como de «moderar» la evolución de la inflación. Gracias a ello, el 'colchón' presupuestario del Estado será, al menos, del 0,3% del PIB los tres próximos años. No pueden decir lo mismo las comunidades que, a pesar de aprobar un superávit conjunto del 0,25% del producto interior bruto, bastantes de ellas se acogerán a la nueva posibilidad de destinar ese supuesto sobrante a inversiones productivas. Tampoco las corporaciones locales tendrán, a priori, un saldo positivo y se 'conformarán' con terminar en equilibrio.
